| Resumen |
LLos desarrollos contemporáneos en la tecnología de la información y comunicación han hecho posible la implementación de la
subasta inversa electrónica en el ámbito de las contrataciones públicas. La mayoría de los gobiernos consideran a la subasta
inversa electrónica como un novedoso mecanismo de ahorro de los costos administrativos vinculados a los procesos de contratación
de bienes o servicios; y principalmente, como una alternativa para que las entidades públicas puedan adquirir a precios bajos
aquellos productos y servicios que comúnmente se transan en el mercado.
En los últimos años, el empleo y marco normativo de la subasta inversa electrónica en América Latina y la Comunidad Europea
se han desarrollado considerablemente. Similar situación se da en las contrataciones públicas de los Estados Unidos, en donde
un gran número de entidades del gobierno federal han llevado a cabo compras de commodities en línea. Sin embargo, la particularidad
del sistema estadounidense es que esta modalidad de contratación no se encuentra acompañada de un régimen normativo o norma
especial, a diferencia de lo que ocurre en Perú y los países de la Comunidad Europea.
A pesar de la diferencia resaltada, el uso de la subasta inversa electrónica en los países antes mencionados presenta los
mismos riegos e inconvenientes, que no hacen más que cuestionar la capacidad de esta técnica de contratación de satisfacer
los principios elementales que guían las adquisiciones públicas en la mayoría de sistemas avanzados; tales como: eficiencia
(valor por el dinero), trato justo e igualitario, competencia e imparcialidad.
Esta situación pone en tela de juicio la idoneidad de algunos aspectos del actual régimen peruano sobre la subasta inversa
electrónica, tales como: el nivel de control o intervencionismo del marco regulatorio, el procedimiento operativo de la subasta,
y la administración del sistema operativo o software de la subasta; siendo por tanto el objetivo de la Tesis, el presentar
y analizar algunas de las alternativas de solución legal adoptadas por los regímenes de contratación pública más avanzados
e incluso recomendadas por los organismos internacionales.
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